El Código Procesal Penal

CODIGO PROCESAL

31/05/2015 La Prensa

Mención Ministerio Público Fiscal

Se busca avanzar sobre la normativa para instrumentar el nuevo marco normativo en un área, que reviste particular trascendencia para preservar la seguridad ciudadana.

E l oficialismo buscará convertir en ley, en una sesión que se celebrará el 10 de junio próximo, los proyectos que permitirán aplicar el nuevo Código Procesal Penal que fueron sancionados esta semana por el Senado con el fin de que se puedan instrumentar desde e l1 ° de marzo venidero. Las iniciativas contemplan la reforma a las leyes orgánicas de los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa, de organización y competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal, y de un proyecto que incorporar diversas causales de suspensión del juicio a prueba en el Código Penal. La premura en la sanción de este tracto jurídico implica la modificación de normas en temas tan sensibles como la resolución de casos complejos, tales como la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado, y el tratamiento de la prisión preventiva. Respecto del primero, no se avanza en nuevos mecanismos de investigación y juzgamiento de estos casos, y en materia de corrupción implica un claro retroceso, atento a que impide utilizar en juicio la confesión de un coautor (arrepentido) dificultando el escaso esclarecimiento que delitos de este tipo tienen hoy en nuestro país. En el caso de la prisión preventiva, la fórmula propuesta ordena su aplicación como último recurso, aún en casos de flagrancia y de los declarados culpables que hayan apelado su condena. En momentos en que la ciudadanía es obligada a soportar la comisión de delitos por parte de delincuentes reincidentes o gozando de libertades condicionales, que el Estado es completamente incapaz de evaluar y controlar, esta modificación al igual que el hasta ahora fallido, anteproyecto del Código Penal, parecen ir por el camino contrario a la demanda social de mayor seguridad y combate al crimen organizado y la corrupción. Más allá del debate que pueda plantearse respecto de algunos artículos en particular, y en tiempos en que se reclama mayor independencia para el Poder Judicial y menor politización del Ministerio Público Fiscal, es imperativo detenerse a analizar la implementación de dicho código. El Gobierno con su apresuramiento puede perder la oportunidad de permitir a los ciudadanos gozar una justicia penal ágil, eficiente, oportuna e independiente, dejando a la próxima gestión, no sólo el incremento del presupuesto público, sino también el peso de un proceso de una reforma que más allá de su pertinencia, tiene pocas chances de éxito. El Congreso de la Nación tendrá alguna oportunidad de zanjar la cuestión en una nueva integración, incorporando a la agenda esta problemática con carácter prioritario. Mientras tanto los ciudadanos seguirán reclamando seguridad y justicia, ante un Gobierno que lleva más de una década desoyendo y descalificando esta demanda.