La venta callejera

VENTA ILEGAL

29/09/2015 – La Prensa

El constante avance de los puestos de venta ilegal en las calles de las principales urbes del país, motiva creciente preocupación de comerciantes y empresas.Hace pocos días, la Confederación Argentina de ta Mediana Empresa (CAME) presentó un ‘Mapa de la Argentina Ilegal’, con un detallado informe sobre los montos que moviliza el comercio informal y el número de ferias y ‘manteros’ que hay en las 454 ciudades relevadas, en las que vive el 78,6 por ciento de la población del país.El reporte, revela la existencia de 560 centros comerciales ilegales detectados hasta agosto, y 77.909 vendedores informales en el país, contabilizando los 47.053 puestos en ferias y 26.626 puestos callejeros, que facturan por mes unos 4.396 millones de pesos, sumando 2.795 millones de las ‘saladitas’ y 1.602 millones de los ‘manteros’. Proyectada anualmente, la facturación de este comercio minorista ilegal llega a 52.751 millones de pesos, que equivalen al 10,2 por ciento de las ventas minoristas de los comercios formales en calles y avenidas, y un perjuicio al Estado de 11.000 millones al año en recaudación del IVA. La entidad remarcó que la cantidad de vendedores ilegales creció 5,1 por ciento en los últimos cinco meses y el crecimiento más fuerte se registró en la modalidad ‘manteros’, porque los incrementos de los alquileres en los puestos de muchas ferias informales -generalmente manejadas por mafias- llevó a que un sector de vendedores traslade sus puestos a las calles. Sin duda se trata de cifras preocupantes, ante un fenómeno que no ha cesado de registrar inusual incremento en las últimas décadas, por distintos factores, y es tiempo de buscar una solución para que el espacio público deje de ser rehén de quienes ejercen el comercio en forma ilegal. Algunos aspectos del problema están claros, como la cantidad de dinero (verdaderas fortunas) que moviliza la venta ambulante ilegal, mientras que otros son más siniestros ya que conllevan la trata de personas. La mayoría de los ‘manteros’ son extranjeros indocumentados o con documentos apócrifos, sujetos a un trabajo esclavo, y una red de connivencias entre las mafias que operan detrás de ellos y algunos comerciantes de barrio, que guardan las mercaderías a los vendedores en sus locales al final del día, a cambio de un pago. Se comprende, entonces, por qué la erradicación es tan dificultosa. Hay demasiados intereses económicos espurios, y una voluntad judicial que resulta insuficiente para regular esta situación de tan larga data. No sólo se impone desalentar el comercio ilegal, que conlleva el trabajo esclavo de personas, muchas de las cuales no están en condiciones de elegir, y favorece con la ocupación de la calle el crecimiento de robos y hurtos a los peatones. Hay que ir más allá y buscar un cambio cultural, que los consumidores comprendan que cada vez que compran productos adquiridos ilegalmente prolongan todas las lacras de las que, fuera de contexto, suelen quejarse amargamente. Es hora de enfrentar el problema con decisión, no sólo desde el Ejecutivo, sino desde el Legislativo y el Judicial. Esas inconductas callejeras se amparan en la ambigüedad normativa y en algunos casos, la complicidad política.