Un imperio cada vez más grande y poderoso

MANTEROS

07/10/2015 La Nación

Mención Justicia porteña. 

Pablo Tomino
Los grises de la normativa, tipificada en el Código Contravencional porteño, y la ausencia de sanciones no han hecho otra cosa que potenciar un fenómeno urbano: redes de manteros organizados se han adueñado del espacio público. Y gozan del “libre comercio”.

En este escenario ampliado donde las prohibiciones se vigilan con la rigurosidad de un sereno con mal sueño, algunos comerciantes que conviven con los vendedores ambulantes se sumaron a la clandestinidad: acuciados por las pérdidas económicas, le imponen condiciones a los usurpadores de la calle. ¿Cuáles? Locales habilitados en la zona de Once, por ejemplo, le cobran una renta a los manteros para que puedan guardar allí sus carros y su mercadería. También ocurre en la avenida Avellaneda: los empresarios le exigen un pago para permitir que los vendedores ilegales utilicen los canteros con percheros para la ropa.
La Justicia porteña comprobó estas acciones en diferentes operativos y allanamientos. Pero la pena máxima para un organizador de la venta callejera es de $ 60.000. Un castigo irrisorio para organizaciones clandestinas tan poderosas. Así, los dueños de la calle delimitan sus zonas y sacan réditos de un Estado, una fiscalía y dos fuerzas de seguridad (las policías Federal y Metropolitana) que sólo gastan energías en ubicar sus deberes y responsabilidades en el otro.ß
Los grises de la normativa tipificada en el Código Contravencional porteño y la ausencia de sanciones no han hecho otra cosa que potenciar un fenómeno urbano: redes de manteros organizados se han adueñado del espacio público. Y gozan del “libre comercio”.
En este escenario ampliado donde las prohibiciones se vigilan con la rigurosidad de un sereno con mal sueño, algunos comerciantes que conviven con los vendedores ambulantes se sumaron a la clandestinidad: acuciados por las pérdidas económicas, les imponen condiciones a los usurpadores de la calle.
¿Cuáles? Locales habilitados en la zona de Once, por ejemplo, les cobran una renta a los manteros para que puedan guardar allí sus carros y sus mercaderías. También ocurre en la avenida Avellaneda: los empresarios exigen un pago para permitir que los vendedores ilegales utilicen los canteros con percheros para la ropa.
La Justicia porteña comprobó estas acciones en diferentes operativos y allanamientos. Pero la pena máxima para un organizador de la venta callejera es de $ 60.000. Un castigo irrisorio para organizaciones clandestinas tan poderosas. Así, los dueños de la calle delimitan sus zonas y sacan réditos de un Estado, una fiscalía y dos fuerzas de seguridad (las policías Federal y Metropolitana) que sólo gastan energías en ubicar sus deberes y responsabilidades en el otro.