Señal para Uber: multaron a taxistas por protestar

UBER

18/08/2017 – diarioalfil.com.ar – Mención fiscal en lo Contravencional Martín Lapadú, Justicia en lo Penal porteña.

A pesar de los embates judiciales, Uber sigue funcionando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires…

…y en junio, en pleno caos por el conflicto de transporte, anunció su decisión de reforzar sus inversiones y confirmó que planeaba comenzar a operar en Córdoba y en otras ciudades del interior, como Mendoza y Tucumán.

A pesar de los embates judiciales, Uber sigue funcionando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en junio, en pleno caos por el conflicto de transporte, anunció su decisión de reforzar sus inversiones y confirmó que planeaba comenzar a operar en Córdoba y en otras ciudades del interior, como Mendoza y Tucumán.

Hasta ahora no dio pasos para expandirse, pero la Justicia dio una señal que podría alentar a la firma a cumplir con su agenda. Mediante un fallo novedoso, las asociaciones de propietario de taxis fueron multadas por haber cortado el centro porteño, en protesta por el desembarco de la firma, a principios del año pasado.

El fiscal en lo Contravencional Martín Lapadú acordó las sanciones con las entidades, que deberán abonar 75 mil pesos cada una, y los pactos ya fueron homologados. La medida involucra al 95 por ciento de los taxistas de la capital federal e implica una llamada de atención para el sector.

Casi todos los planteos presentados por los representantes sindicales fueron avalados, y aunque entre octubre y noviembre del 2016 la Justicia en lo Penal porteña, en dos instancias, desestimó una denuncia en contra de más de 30 choferes, el fuero Contravencional empezó el año vaticinando detenciones masivas e inhabilitaciones. Lapadú dijo que tenía los datos de las casi 4.000 personas que manejan sus autos para Uber y puntualizó que el rechazo de la acción criminal no interfería en la causa que él instruye, en la cual les enrostra desarrollar una actividad lucrativa en espacios públicos sin autorización.

Sin embargo, las previsiones del fiscal no se cumplieron y el representante del CEO de la firma, el ex juez y coordinador general de la iniciativa gubernamental “Justicia 2020”, Ricardo Gil Lavedra, lo recusó. El abogado alegó que afectó el derecho de defensa de su asistido, Mariano Otero, y que usó la investigación de modo intimidatorio, extendiéndola “irrazonablemente en el tiempo”.

Gil Lavedra parte de la base de que se quiere deformar el procedimiento contravencional para prohibir a Uber. Así, delineó una posible estrategia: ir por la regulación de los negocios que hace en la Argentina, lo que le abriría la puerta para operar en otros distritos.

El estancamiento de los procesos puede deberse a la arenga que Omar Viviani, que comanda el Sindicato de Peones desde hace tres décadas, hizo en la previa de la huelga de abril, llamando a su gente a recurrir a la violencia para impedir que sus pares circularan en Buenos Aires. Cabe recordar que se viralizaron imágenes del ex candidato a diputado nacional por el FpV asegurando que había que “darle vuelta los coches” a los “carneros”.

Sus dichos le valieron una citación a declarar, cursada por el fiscal de Cámara porteño Walter Fernández, por amenazas agravadas y por atentar en contra de la libertad de trabajo y asociación.

El sindicalista no compareció. Su letrado solicitó una prórroga, adjuntó un certificado médico y Viviani se perdió el paro. Aunque pidió disculpas, se presentaron tres exposiciones más, por incitación a la violencia colectiva, intimidación pública e instigación a cometer delitos.

Más allá de las repercusiones judiciales, el exabrupto del dirigente potenció la discusión crítica sobre la medida que convocó la CGT.

Uber capitalizó la controversia. Miles de porteños de movieron usando la aplicación, que se convirtió en una alternativa para mucha gente no la había probado. Viviani, quien encabeza la guerra judicial en contra de la compañía, le brindó una ayuda invaluable, ya que el efecto negativo que causaron sus manifestaciones incentivó a los porteños a viajar en un auto sin identificación aunque hubiera taxis circulando, por el temor a represalias. En tanto, su llamado a la violencia sin tomar en cuenta las posibles consecuencias para la integridad de los pasajeros hizo que cayera uno de los argumentos de los críticos del sistema, a saber: que no garantiza la seguridad de los usuarios.

El “efecto Viviani” se extendió a Córdoba. Durante toda la jornada hubo movimiento de taxistas y de remiseros y los referentes del sector aclararon que se iba a respetar la “libertad de acción” de los choferes.

La firma se posicionó como una “aliada” potencial de las autoridades y su actividad fue esencial para que, tal como quería el oficialismo, la gente pudiera ir a trabajar. Algo similar había pasado a fines de diciembre del 2016, cuando paró el transporte en reclamo por el impuesto a las Ganancias, y Uber triplicó sus viajes y ganó nuevos usuarios.

Hasta no hace mucho, los gremios contaron con el apoyo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. En Córdoba, el secretario de Servicios Públicos, Julio Waisman, rechazó de plano la utilización del sistema dentro del ejido comunal.

A pesar de las dificultades, el director general de la firma para América Latina, Rodrigo Arévalo, aseguró que Uber “va a estar” en donde pueda ser una elección de movilidad.

Tomando en cuenta el caos que reinó en la ciudad hace dos meses, el servicio de Uber podría perfilarse como una alternativa y, en los hechos, la modalidad se impuso durante los diez días que duró la medida de fuerza, ya que cientos de particulares se solidarizaron con desconocidos en las calles y colaboraron para que pudieran llegar a sus trabajos. Incluso, muchos automovilistas directamente pegaron carteles en sus rodados, con avisos tales como “salgo a las ocho hacia zona sur” y similares. Otros optaron por difundir sus movimientos en las redes sociales, sobre la marcha, y en los barrios se organizaron “pooles” de transporte.

Hay un precedente favorable para la intención de Uber de reclutar conductores en Córdoba, ya que la Sala I de la Cámara Federal en lo Civil determinó que cada jurisdicción debe resolver qué hace con los conflictos que puede suscitar la actividad de la empresa.