Se reactiva traspaso de Justicia a la Ciudad (con poda de la feria)

TRASPASO

30/11/2017 – Ámbito Financiero – Mención Fiscalía General porteña, Ministerio Público Fiscal.

Diciembre mes clave para definir avance. Movimientos en Consejo de la Magistratura porteño y en Diputados. Jueces negocian horario y receso. 

GABRIEL MORINI

El oficialismo aspira a reactivar antes de fin de año el postergado tratamiento del traspaso de la Justicia nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Tema espinoso con los jueces y fiscales, la decisión de avanzar fue postergada hasta que terminara el período electoral, y con los resultados en la mano dar el primer paso concreto para su implementación por etapas. Diciembre será un mes clave para las aspiraciones del Gobierno que ha logrado un piso mínimo de consenso para realizarlo, pero que colisiona con la resistencia de magistrados y sindicatos judiciales. Parte del terreno preparatorio lo instaló el propio presidente Mauricio Macri objetando la duración de los horarios de atención y la extensión de la feria judicial de invierno y verano. Un dato no pasó desapercibido: el actual ministro de Justicia, Germán Garavano, en su paso por la Fiscalía General porteña, instauró un régimen de trabajo para el Ministerio Público de 365 días por año. Es decir que un traspaso (de competencias penales, en un principio) llevaría implícita la posibilidad de eliminar el receso de manera menos traumática, calculan en despachos oficiales.

La insistencia gubernamental chocará de bruces con el horizonte de posibilidades que evaluaban desde la Asociación de Magistrados, que emitió un duro comunicado con intenciones de comprometer a la Corte Suprema en el rechazo a las palabras de Macri. En el relanzamiento de su gestión postelecciones, la Casa Rosada eligió caracterizar a la Justicia como lenta, con beneficios exóticos con respecto al resto de los poderes públicos y con horarios reducidos de atención a la ciudadanía. Los jueces interpretaron (luego de un mensaje que bajó de la propia Corte) que si consentían un traslado de la feria de verano -aunque no su reducción y la eliminación del descanso invernal, sumado a una extensión de la mesa de entradas, conjurarían los efectos de un traspaso a la órbita capitalina. El cálculo no contempló que el Ejecutivo aspira también a saldar ese pendiente, que había ido perdiendo inercia conforme avanzó el cronograma electoral.

El Consejo de la Magistratura porteño que preside Marcela Basterra será nuevamente el epicentro de los movimientos en torno al traspaso. También se requiere un juego de pinzas parlamentario para que se aprueben los proyectos de traspaso en el Congreso Nacional, luego de su paso exitoso por la Legislatura. Hace pocos días, en Diputados se organizó una jornada de intercambio de perspectivas sobre el traspaso donde participaron representantes de todos los sectores involucrados y autoridades nacionales y porteñas. Hasta abogados laboralistas y dirigentes sindicales, participaron del encuentro que tuvo a los jefes de las comisiones de Justicia tanto de la Legislatura como de Diputados, Daniel Presti y el radical Diego Mestre, respectivamente. Los jueces no fueron convocados ni enviaron representantes.

La Comisión de Administración del Consejo porteño que preside Juan Pablo Godoy Vélez está abocada al acondicionamiento de un edificio que fue cedido a principios de año por la comuna para ser destinado al Poder Judicial. Se encuentran ultimando los detalles para que ese edificio esté en condiciones aunque aún no tiene un destino definido. Servirá tanto para una mudanza de los fueros de la ciudad, que están ubicadas en otras oficinas o edificios que son alquilados, o bien podrían ser destinadas a la recepción de los tribunales que sean parte de la primera oleada de traspasos. El destino de ese edificio ubicado en la calle Suipacha al 100 será el termómetro sobre el nivel de avance que tenga el plan oficial.

El contexto para el traspaso tuvo otro aliciente: uno de los puntos conflictivos era cómo incorporar a los fiscales al movimiento de tribunales de la jurisdicción “nacional” a la porteña, sin toparse con resistencia. La renuncia de Alejandra Gils Carbó a la Procuración General con efectos al 31 de diciembre, despejó ese obstáculo, según evalúan en el Gobierno dado que en el interinato (ya en práctica) del Procurador Eduardo Casal se esperan cambios más flexibles en la estructura del Ministerio Público.

La resistencia de los magistrados no tardará en hacerse escuchar conforme perciban los movimientos. La Asociación de Magistrados ya había fatigado despachos de legisladores y tenían la expectativa de trabar la cuestión en el Senado.