La necesidad de implementar el nuevo Código Procesal Penal

CÓDIGO PROCESAL

10/02/2019 – Clarín 

El pasado 7 de enero se publicó la última reforma al Código Procesal Penal Federal, que regula el modo en que se investigan y juzgan los delitos de mayor connotación para la Argentina.

Leonel González Postigo

Sin embargo, su entrada en vigencia se encuentra suspendida, con lo cual, tras esta última modificación legal, se deberá organizar su puesta en marcha en todo el país. Éste Código instaura la oralidad y transparencia en todo el proceso, la separación entre el órgano acusador y juzgador y tiempos más ágiles para la resolución de las causas, entre otras innovaciones.

En los últimos veinticinco años, todos los países latinoamericanos han adoptado este sistema procesal, a excepción de Brasil y la justicia federal de Argentina, que se rige por un modelo de 1992.

La importancia del nuevo Código está dada por los instrumentos que aporta para la eficaz persecución de los casos más complejos que corrompen el sistema democrático. Un claro ejemplo lo constituye el fenómeno del narcotráfico, cuya agenda de trabajo se debilita bajo las estructuras procesales y orgánicas actuales.

En cambio, el nuevo sistema entrega un conjunto de herramientas que permitirían fortalecer la lucha contra este fenómeno, como la posibilidad de realizar investigaciones genéricas y estratégicas en el marco de la actuación del Ministerio Público Fiscal. El nuevo Código también regula la participación de la ciudadanía en la administración de justicia penal, a través del instituto del juicio por jurados, que ya rige en distintas provincias argentinas.

Ahora bien, ¿cuáles son los presupuestos mínimos para una correcta implementación del Código Procesal Penal Federal? La experiencia regional acumulada en las últimas décadas nos muestra un conjunto de lecciones y errores a tener en cuenta en la Argentina.

En primer lugar, se vuelve imprescindible que la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código, creada en el ámbito del Congreso Nacional, avance en la confección de un calendario que fije fechas específicas para su implementación. Se deberá optar por una puesta en marcha progresiva, que se inicie en los distritos más pequeños y finalice en los de mayor complejidad, o simultánea en todo el país dado el nivel de atraso que tiene la justicia federal actual.

En segundo término, es necesaria la construcción de una instancia de coordinación entre todas las instituciones. En este espacio se deberán generar acuerdos operativos y tomar decisiones sobre el modo en que se implementará el Código. A diferencia de lo que ha ocurrido en México, sería deseable que el funcionamiento de esta instancia no acabe con la entrada en vigencia del sistema, en tanto servirá para realizar análisis y evaluaciones que permitan la introducción de ajustes. Además, tal como ocurrió en Chile se deberá organizar un plan de capacitación para todos los intervinientes procesales, de manera que se construyan consensos acerca de las nuevas prácticas que supone el modelo a implementar.

El nuevo sistema previsto en el Código supone saldar una deuda histórica con la Constitución Nacional y los tratados internacionales que se le han incorporado. Por delante hay muchos desafíos y la urgencia por modernizar la justicia penal federal no debiese esperar mucho más.